Tras la denuncia continuada de un grupo de organizaciones internacionales, junto al apoyo de millones de personas y la apuesta de varios gobiernos, el 3 de diciembre de 1997 se publicaba en Ottawa la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersona y sobre su Destrucción, que entró en vigor dos años después.
Su objetivo era y es aliviar el sufrimiento humano que ocasionan cada día las minas antipersona en todos los rincones del mundo. Desde entonces, la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona (ICBL por sus siglas en inglés) se encarga de velar por los avances en el cumplimiento de la convención, documentándolos anualmente y denunciando su incumplimiento.

Al Tratado de Ottawa, como comúnmente se conoce la convención, se han adherido 151 países, tres más lo han firmado, estando aún pendientes de ratificación, mientras que 40 Estados continúan fuera del mismo.
Desde la firma del tratado, hace ya 10 años, se han producido innumerables mejoras: se estima que se han eliminado entre 85 y 90 millones de minas antipersona almacenadas, de las que 39,5 millones se encontraban en posesión de los Estados parte del Tratado de Ottawa. Además, el número de países productores se ha reducido de 50 a 13 en la actualidad. Ha descendido significativamente el número de países que las utilizan y ha bajado en general su comercio internacional. Además, desde la entrada en vigor del Tratado se ha logrado limpiar cerca de 2.200 kilómetros cuadrados de terreno en algunos de los países más afectados, como Afganistán, Iraq, Camboya, Sudán y Angola, por lo que el número de víctimas ha disminuido significativamente.
Y, gracias también a las inversiones nacionales e internacionales para la erradicación de las minas, se ha reducido de 84 a 78 el número de países afectados.

España se convirtió en Estado miembro en julio de 1999 y, poco después, en octubre de 2000, destruyó sus arsenales de minas antipersona, unas 850.000 en total. Además, las minas almacenadas en Rota, propiedad de Estados Unidos, fueron retiradas en cumplimiento del artículo 1 del tratado.

Una de las debilidades que presenta el Tratado es que hay cinco países fuera del mismo que reúnen aproximadamente 160 millones de minas almacenadas, entre ellos, Estados Unidos, Rusia y China.
Estados Unidos no ha producido minas desde 1997, pero hay noticias de que está desarrollando unos tipos terrestres que podrían ser incompatibles con la convención. China ha mantenido recientemente una posición más favorable hacia la prohibición de las minas antipersona. En cambio Rusia, además de producirlas, las utiliza sin pudor contra los rebeldes chechenos.

En conclusión

En los próximos años se hacen necesarias dos medidas clave en los ámbitos donde el Tratado aún no se ha desarrollado convenientemente:

Es necesario impulsar la adhesión de los países que aún no lo han hecho para lograr su universalidad y fortalecer al máximo su aplicación.

Es indispensable además, incrementar la financiación internacional y nacional de los países afectados para atender a las víctimas como se merecen, así como finalizar con las labores de desminado de su territorio y con la destrucción completa de sus arsenales.

También consideramos indispensable que el Gobierno Español sea más activo en la universalización del Tratado, usando todos los foros y espacios internacionales que estén a su alcance para promoverlo, y que además se consolide la tendencia al alza observada en 2006, destinando más financiación a programas, fondos y actividades dirigidas.