El 21 de febrero de 2003, Mónica, con ocho años recién cumplidos, regresaba del colegio junto a su padre en La Vereda Taracue , municipio San Pablo .
«Papá voy a orinar», gritó la pequeña antes de salirse del camino. Uno de sus pies quedó enredado en unas raíces, perdió el equilibrio e intentó apoyarse en una rama para evitar la caída. Una mina colocada y abandonada por un guerrillero, un paramilitar o un soldado regular explotó al leve contacto e hizo volar por los aires a Mónica. «Trataba de abrir los ojos, pero me ardían. Es como si se me hubiesen llenado de tierra», recuerda la niña.
Su padre la recogió en brazos y la llevó a un hospital de primeros auxilios. La situación crítica en que llegó obligó a trasladarla a un hospital departamental. Mónica perdió la visión en ambos ojos y sufrió la amputación de su mano derecha y de dos falanges de la izquierda. Su cuerpecito quedó inundado de esquirlas. Cuatro años después de la explosión, diminutos trozos de metal se le desprenden de su cara cuando se rasca.
Yolanda González, directora del hogar Jesús de Nazareth en Bucaramanga, escuchó hablar de la historia de una niña herida por la que estaban litigando el departamento de Bienestar Social y unos padres que carecían de documentos legales que demostrasen la relación paternofilial.
«Me hice cargo de la pequeña herida mientras se solucionaba el problema en el registro civil. Meses después de salir del hospital decidimos que se viniera al hogar para continuar sus estudios», recuerda Yolanda.
Al principio Mónica no levantaba la cara de la cama porque no quería que la viesen sin ojos. Después comenzó a asistir a clases de braille con un profesor particular. «Es el caso más desgarrador que hemos tenido», reconoce Yolanda, acostumbrada en el centro a convivir con situaciones bien duras en un país barrido por la violencia armada.

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